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EL ADELANTAMIENTO DE CAZORLA (siglos XIII a XIX)

Juan Antonio Bueno
Cronista Oficial de Cazorla


 UN SEÑORÍO ECLESIÁSTICO.


Cazorla alcanza su verdadera entidad histórica en el siglo XIII, a partir del momento en que Fernando III el Santo (1201‑1252) donó a la Iglesia de Santa María de Toledo, en la persona del arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada, diversos lugares de la zona en poder musulmán, para que fuesen conquistados por éste. El prelado navarro recuperó esos lugares incorporando, además, un extenso territorio que con el transcurso del tiempo formaría la comarca histórica conocida como ADELANTAMIENTO DE CAZORLA, delimitada hacia el N., por Sorihuela del Guadalimar y en el S. por la frontera con el Reino de Granada; al E. quedaban las abruptas sierras de Cazorla y Segura y al O. el término de Úbeda. La comarca constituyó, por tanto, entre los siglos XIII y finales del XV, una zona de frontera con Granada en la que trascurrieron buena parte de las operaciones finales para su conquista.

Hasta los primeros años del siglo XIV, sería la villa de Quesada uno de las puntas de lanza para el avance hacia el interior de reino nazarí y, en consecuencia, lugar estratégico en las operaciones cristianas. Sin embargo su vulnerabilidad ante los ataques musulmanes obligó a establecer en Cazorla, más resguardada frente a tales razzias de los granadinos, la cabecera del Adelantamiento al que finalmente dio nombre. Una vez fijado el territorio correspondiente a la Iglesia toledana en el siglo XIV, el Adelantamiento de Cazorla comprendió durante toda la Baja Edad Media y la Edad Moderna, además de la villa de Cazorla, las de La Iruela, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Iznatoraf y Sorihuela del Guadalimar. Constituyó un feudo eclesiástico sobre el que los arzobispos tenían plenas facultades normativas (dictar leyes), judiciales y de gobierno, además de otras de carácter militar, cuyos testimonios arqueológicos pueden apreciarse aún en la red de castillos y fortalezas establecidos en su perímetro. Como asuntos eclesiásticos mayores impedían obviamente a los arzobispos residir en él y, por tanto, administrarlo directamente, delegaban estas tareas en un adelantado quien, en su nombre, se ocupaba del gobierno y la administración del territorio, percibía las rentas y administraba justicia apoyado en un conjunto de oficios de menor rango que integraban un eficaz aparato administrativo.

También correspondía a la diócesis de Toledo el gobierno eclesiástico de la Vicaría de Cazorla, que junto con la de Huéscar (Granada) constituían los dos enclaves andaluces de aquel arzobispado. Sin embargo la demarcación territorial eclesiástica no se correspondía exactamente con la del señorío. En tanto que las cuatro villas allende el río (Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf y Sorihuela del Guadalimar) pertenecían al obispado de Jaén en lo espiritual, las de Quesada, Hinojares y Pozo Alcón, (que en lo secular eran de realengo), se integraban en la vicaría de Cazorla junto con la de La Iruela y la propia Cazorla, su cabecera, donde el Vicario tenía su residencia (Palacio de la Vicaría). No obstante, aunque la vinculación a Toledo de estas villas de realengo fuese exclusivamente eclesiástica, constituían una considerable fuente de ingresos para la sede episcopal, especialmente por lo que se refiere a los diezmos y demás tributos.

Pese al alejamiento geográfico de su sede, los arzobispos toledanos, especialmente los de los siglos bajomedivales, tuvieron una estrecha relación con el Adelantamiento y sus villas, a las que incluso dieron nombre (Villacarrillo o Villanueva del Arzobispo). A medida que el señorío se iba afianzando territorial y administrativamente, los arzobispos procuraban elegir los adelantados entre sus hombres de confianza o, incluso, parientes, en la medida en que pudiesen evitar la intromisión de los monarcas. El arzobispo D. Pedro tenorio (1375-1399) nombró adelantado a su sobrino Alfonso Tenorio; D. Juan Martínez Contreras (1422-1434) hizo lo propio con D. Rodrigo de Perea, camarero del rey Juan II (1425), si bien antes había enviado al Adelantamiento como gobernador a D. Hernán Perea Contreras, canónigo toledano; y el cardenal Cisneros (1495-1517), que intervino frecuentemente en los asuntos del Adelantamiento, designó a su sobrino, García de Villarroel, cuyo gobierno, por cierto, ha pasado a la posteridad como uno de los periodos más polémicos y menos gratos de la pequeña historia del señorío. Durante su mandato se produjo la rebelión de las Comunidades, en los años en que, muerto Cisneros, Carlos I había nombrado para ocupar la silla episcopal toledana a Guillermo de Croy, (1518 y 1521), arzobispo de Cambray y hombre de confianza del rey, al que acompañaba fuera de España cuando estalló el levantamiento. En medio de aquella confusa situación, de casi guerra civil, el Cabildo catedralicio nombró para sustituir a Villarroel a D. Juan Pacheco, cuñado de Padilla e hijo de D. Alonso Téllez Girón, cabecillas de los comuneros, (recordemos que la ciudad de Toledo apoyaba el movimiento comunal y antiflamenco). Sin embargo, el adelantado García de Villarroel se mantuvo fiel al bando real, por lo que, tras algunos disturbios en el territorio, dirigidos en buena parte contra su abusiva gestión (los rebeldes llegaron a apoderarse de algunos de sus bienes) prosiguió como adelantado hasta su muerte.

 Gobierno de Don francisco de los cobos y sus sucesores.

La toma de Granada por los Reyes Católicos (1492) y la posterior dispersión de los moriscos alpujarreños (1568-1570) fueron relativizando la importancia estratégica y militar del Adelantamiento, que, paralelamente, se va convirtiendo en un mero señorío jurisdiccional como tantos otros existentes en la Península. Al mismo tiempo comienza la decadencia de los caballeros cuantiosos, una clase social muy arraigada en el Adelantamiento y de singular relevancia militar durante los siglos de guerra con los reyezuelos granadinos, en tanto que comienza incrementarse la presencia e importancia de ciertas familias hidalgas procedentes de otros puntos de la península y vinculadas o apoyadas por lo general a la Iglesia toledana y/o a los adelantados. Por su parte, los arzobispos toledanos, descargados ya de sus obligaciones militares para la defensa del territorio, contaban ahora con un próspero feudo que les reportaba pingües beneficios. La campiña cazorleña en general, pero particularmente la del área de Peal de Becerro constituían uno de los graneros del Arzobispado, el más rico de España.

La riqueza generada por el señorío y la importancia social y crematística del oficio de adelantado atraía las miradas de no pocas familias nobles e influyentes de la Corte castellana. El reinado de Carlos I (1516-1556), continuador de la política autoritaria iniciada por sus predecesores los Reyes Católicos, que el Habsburgo prolongará hasta el cesaropapismo1, propiciará la coyuntura favorable para que el Adelantamiento cambie de manos y pase uno de los cortesanos más poderosos del momento, D. Francisco de los Cobos, Secretario del Emperador. A la muerte del cardenal Fonseca (1534), durante el intermedio de sede-vacante, el monarca da sus primeras disposiciones para controlar el feudo, mandando que durante este periodo se gobernase y se administrase justicia en su nombre (y no en el del cabildo catedralicio como era preceptivo hasta entonces en estos casos). Por mediación del propio Carlos ese mismo año accede al arzobispado de Toledo el cardenal Juan Pardo de Tavera, quien, a su vez, nombra seguidamente adelantado de Cazorla a De los Cobos.

Poco después lograría --también con el apoyo de Carlos V-- que el cargo pasase a su hijo Diego bajo la administración paterna, ya que aquél era menor de edad (1535). El poder y la influencia del emperador consiguieron que el papa Paulo III confirmara no solamente estos hechos (1535), sino que accediese a que el oficio del Adelantamiento de Cazorla con todos sus derechos, rentas, jurisdicción, emolumentos y preeminencias [sea] para … Don Francisco y Don Diego de los Cobos, su hijo, y sus herederos y descendientes perpetuamente…(1537). Es decir se le entregaba como mayorazgo en infeudación perpetua. De los Cobos y sus descendientes los marqueses de Camarasa serán los titulares del señorío durante el resto de la centuria, pese a las reticencias y oposición más o menos explícitas de la Iglesia de Toledo. A la muerte del cardenal Tavera cambia la postura de la Iglesia toledana que hasta entonces había tolerado, al menos de facto, el cambio de titularidad. Con la llegada a la archidiócesis toledana del enérgico cardenal Silíceo (1546-1557) se inicia un pleito contra los Camarasa (1546) en defensa de los legítimos intereses arzobispales. El apoyo de Felipe II (1557-1599) a los descendientes de Cobos no detuvo el litigio que, además, se vio afectado tangencialmente por el enfrentamiento entre el monarca y el papa Pío V por el caso del cardenal Carranza, arzobispo de Toledo (1557-1559). Por cuestiones de disputas teológicas y de envidias, Carranza fue perseguido por la Inquisición, que llegó a encarcelarlo acusándolo de hereje (pese a su condición de Primado de España y por tanto carecer el Santo Oficio de jurisdicción para ello). El papa exigió que Carranza fuese juzgado en Roma, en tanto que la Inquisición (apoyada por Felipe II) se oponía a su entrega. La firmeza de Pío V consiguió que el cardenal fuese trasladado a Roma en 1566, aunque no antes de padecer cárcel en Valladolid durante bastantes años. Aun cuando el meollo del asunto escondía una lucha entre el papado y el rey por hacerse con el poder eclesiástico en los territorios de la monarquía española, otras cuestiones como la de las rentas de la archidiócesis toledana estaban implicaban en el conflicto, pues según J. LINCH era opinión del papa que Felipe II “deseaba prolongar el proceso eternamente porque entretanto disfrutaba de las importantes rentas de la sede toledana”; entre las que figuraba una buena parte de las del Adelantamiento. En el territorio el cambio de titularidad provocó la división entre sus habitantes, según las simpatías por uno u otro señor, pues los Camarasa, conscientes del peso de la Mitra en el territorio, trataron de engrosar el número de simpatizantes con su causa y ganarse la mayor adhesión posible de sus gentes. A la marquesa doña Ana de Guzmán se debe la fundación del Colegio de la Compañía de Jesús en Cazorla, en 1589, en uso del poder otorgado por su marido, D. Francisco Miguel de los Cobos y Luna para tal fin y el correspondiente acuerdo con el cabildo de la villa. El objetivo primordial de esta fundación no era otro que responder a las críticas y presiones de Toledo sobre la conducta de los Camarasa en el señorío.

 
Bastantes cazorleños y algunos quesadeños dieron su ayuda económica a la fundación, pero es la nómina de personajes importantes y de sus aportaciones la que subraya el poder de los fundadores y sus estrechas relaciones con la Corona y la Corte. El hecho de que la propia reina Isabel (de Valois), tercera esposa de Felipe II, encabezara las donaciones con unos 1.350 ducados, entre dinero, perlas y ropas, da idea de la entidad que alcanzaba el apoyo de los marqueses. El duque de Medinasidonia, D. Juan de Austria, el obispo de Plasencia y los propios fundadores y sus familiares fueron otros tantos notables que aportaron efectivos y bienes de diversa naturaleza, de modo que el total de estas aportaciones superaba largamente los tres millones de maravedíes. En el Colegio, independientemente de sus obligaciones religiosas, se debía “enseñar leer y escribir a la juventud de [ …] la villa sin interés alguno”, y a “enseñar Gramática” por dos maestros religiosos de la Compañía. Es muy probable que la prosecución y desarrollo de la construcción de la Iglesia de Santa María, cuya traza se atribuye a Vandelvira, --arquitecto que trabajó en Úbeda para De los Cobos--, se debiese al impulso de los marqueses, aunque después, las enormes dimensiones el templo, la evolución negativa del contencioso con la Iglesia y, en fin, la catastrófica tormenta de finales de XVII contribuyeran a que nunca se viese concluido totalmente, si bien durante mucho tiempo se celebró culto en él. El pleito entre la Mitra y los Camarasa, largo y complejo, concluyó muchos años más tarde (1606) en concordia y avenencia: la Iglesia obtuvo nuevamente su dominio sobre el Adelantamiento y los Camarasa recibían sustanciosas compensaciones económicas.

 EL ADELANTAMIENTO EN LOS SIGLOS XVII y XVIII.

Aunque el Adelantamiento fue recuperado a comienzos del XVII, los problemas derivados del paréntesis de gobierno de los Camarasa, se alargaron durante años. A ellos hay que añadir las medidas tomadas en 1630 por Felipe IV por las que se suprimían las jurisdicciones señoriales (derecho de nombramiento de determinados oficios municipales por parte de los titulares del feudo, tales como alcaldes, regidores, etc.). De esta forma, en unos años en que la Real Hacienda estaba exhausta, la citada jurisdicción pasaba disposición de la Corona para proceder a su venta y generar así ingresos, pues, una vez en sus manos, podrían adquirirse posteriormente bien por los señores, bien por los concejos pagando una cantidad en función del número de sus habitantes.



Aunque la venta de oficios era una práctica habitual en la España de los Austrias, la Mitra toledana no aceptaba de buen grado la diversidad de jurisdicciones origen de numerosos conflictos dentro del señorío y de pleitos con la Corona a lo largo de la centuria, por lo que se planteó recuperar la facultad de realizar la totalidad de los nombramientos de oficios en el Adelantamiento comprando la jurisdicción de tolerancia, a la que nos referiremos más adelante. Por lo demás, recuperado el feudo, Toledo había aprendido la lección para no permitir en lo sucesivo resquicio alguno que hiciera peligrar la titularidad sobre uno de sus dominios más ricos y rentables. Desde el mandato del cardenal D. Bernardo Sandoval y Rojas (1599-1618), que designó adelantado a su sobrino el duque de Lerma (y del que logró después su renuncia) no volvería a nombrar adelantados en el territorio, cuyo gobierno, quedará desde entonces directamente a cargo de los arzobispos, que lo ejercerán través del aparato burocrático nombrado por ellos e instalado en la comarca. Si para los asuntos de gobierno el siglo XVII fue agitado y conflictivo, por lo que se refiere a la población y a la economía tampoco corrieron tiempos de bonanza, de manera semejante a la tónica general de la Península. A finales de la centuria y primeros años del XVIII sus habitantes se vieron reducidos en un 50% con respecto a las cifras de finales del XVI. Las causas son diversas y entre ellas los historiadores suelen enfatizar en las derivadas de las guerras que España mantuvo a lo largo de esos años, la fuerte presión tributaria, las catástrofes naturales y las epidemias. Entre 1618 y 1620, el Servicio de Millones (o sea las ayudas dinerarias votadas por las cortes de Castilla para intentar reflotar a la Real Hacienda de sus agobios económicos) correspondiente a las villas del Adelantamiento (Cazorla, La Iruela, Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo y Sorihuela) ascendió nada menos que a dos quentos [millones] y setecientos y setenta y quatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve ms. [maravedíes]. Por lo que se refiere a Quesada, importó su parte 645.849 ms. Además el siglo fue extremadamente generoso en catástrofes meteorológicas con la consiguiente repercusión directa en la agricultura en unos tiempos en que las comunicaciones (y por tanto el transporte de alimentos) presentaban muchas dificultades.

 En tales circunstancias, una serie de malas cosechas podían desembocar directamente en hambres, enfermedades y muerte. A lo largo de la centuria se alternaron años de extrema sequía y fríos con otros de excesiva pluviosidad, como ha demostrado L. CORONAS en su estudio sobre Jaén en el siglo XVII. En Cazorla el colofón de adversidades climatológicas lo marcó la terrible inundación del 2 de junio de de 1694, que causó la muerte a numerosos vecinos, dañó gravemente huertas y sembrados y buena parte del casco viejo de la ciudad, donde se ubicaban, entre otros edificios públicos, el Ayuntamiento, las carnicerías y la Iglesia de Santa María, probablemente la más afectada de todos por los destrozos causados por las aguas y el barro. La expulsión de los moriscos de 1610-1615 contribuyó también al retroceso demográfico. Aunque se desconocen sus detalles para el Adelantamiento, sí sabemos que unos años antes de que se produjera (en el padrón de 1581) había censados más de 7.000 en el Reino de Jaén, de los que, según ARANDA DONCEL, poco menos de 700 vivían en el señorío y, al menos 40 en Cazorla. Todos ellos resultarían expulsados si se tiene en cuenta que, en opinión de algunos historiadores, tan desgraciada decisión fue, paradójicamente, una de las operaciones más detalladamente preparadas y mejor ejecutadas por la administración de los Austrias. Y, en fin, por cerrar el capítulo de catástrofes, señalemos que hacia 1681 una cruel epidemia de peste se había extendido por la mayor parte de Andalucía, afectando con intensidad al Reino de Jaén.

No tenemos noticia de los estragos que pudo haber causado en las villas del Adelantamiento, pero podemos imaginarlos considerando las noticias de sus terribles consecuencias en ciudades tan próximas como Úbeda y Baeza o Jódar. En esta última, al concluir el achaque (así se llama a la epidemia de ese año) habían fallecido como consecuencia de la enfermedad más de 1.000 personas de las 2.135 que figuraban en el padrón hecho cuando aquella comenzó. No hay duda de que la epidemia llegó al Adelantamiento, aun cuando no podamos cuantificar sus efectos, pues tanto Cazorla como Quesada tomaron medidas contra ella prohibiendo la entrada de personas y mercancías procedentes de ciudades afectadas (como era el caso de Úbeda) , cerrando las puertas de entrada e, incluso, creando patrullas de caballería para inspeccionar el posible contagio de las personas que vivían en la campiña, según SORIANO MUÑOZ..

EL SIGLO XVIII.

El siglo XVIII transcurrió en la comarca menos calamitoso y agitado que el precedente. La Guerra de Sucesión que inicia el cambio de centuria también lo hace de dinastía, instaurando a los Borbones en el trono en la persona de Felipe V (1700-1746), frente a las apetencias del partidario austriaco, el Archiduque Carlos. El tránsito coincidió con el arzobispado del cardenal Portocarrero (1678-1709), fiel partidario, al igual que Jaén, del aspirante francés que a la poste se haría con el trono de España. Pero esta circunstancia no evitó al Adelantamiento verse involucrado en la guerra: de una parte proporcionando soldados al bando borbónico (en 1706 le corresponde a Quesada y Cazorla y sus agregados [formar] un regimiento de ynfantería para reforzar el frente de Murcia); y de otra padeciendo la crisis de subsistencias de los años siguientes. LAS ENSEÑANZAS DEL CATASTRO DE 1751. A mediados del siglo, bajo el reinado de Fernando VI (1713-1759) se llevó a cabo la confección de un Catastro General con el fin de sustituir el complejo sistema tributario existente por la “única contribución”. Aunque este objetivo no se logró finalmente, los cuadernos de respuestas de los pueblos constituyen una magnífica fuente para conocer en detalle su estado de riqueza, el reparto de la misma, el número de habitantes, etc. De su estudio se desprende que la recuperación demográfica de la primera mitad de la centuria, indicativa del nivel de bienestar y tranquilidad social, resulta ligeramente positiva respecto a la anterior, llegando a superar las 4.500 personas según el citado CATASTRO de 1751-1753.

Hacia esa fecha, según esa misma fuente, Cazorla se nos muestra como una villa en la que predominaba claramente la agricultura y la ganadería. La tierra era, por tanto, la base de la economía, aunque su distribución individual se presenta bastante desigual. La mayor parte de la riqueza agropecuaria se distribuía entre la Iglesia (regular y secular) y un reducido número de familias (que el Catastro denomina seglares, vecinos o forasteros). Según esta fuente, de las instituciones religiosas existentes, el convento de las Clarisas (San Juan de la Penitenciaría) figuraba a la cabeza en riqueza (la utilidad anual de sus propiedades alcanzaba los 127.000 reales. de vellón), seguido del Colegio de la Compañía de Jesús, sito junto a la actual Iglesia del Carmen (105.000 rs.). El de los Mercedarios calzados o de La Merced (albergados en el actual Ayuntamiento y Teatro de ese mismo nombre) y el de las Agustinas (residentes en un céntrico edificio hoy trasformado en hotel) superaban los 50.000 rs. Por lo que se refiere a los arzobispos de Toledo, sus rentas sumaban un total que superaba los 80.000 rs. al año, aunque lo que le rentaban sus tierras (unos 10.000 rs.) era muy inferior a lo engrosado por la percepción de los diezmos. Esto se explica no solo por la importancia que suponían las rentas decimales par la Iglesia (que en ocasiones superaban crecidamente el 10 %), sino también porque es un hecho evidente que desde el siglo XVI en adelante la extensión de estas tierras comunes arzobispales fue decreciendo en favor de los laicos (con frecuencia de forma subrepticia), pese a las frecuentes visitas y apeos mandados hacer desde Toledo que, en alguna ocasión, incluso, recurrió a las penas de excomunión. Los no eclesiásticos poseedores de mayor riqueza (naturales o foráneos) se correspondían con los hidalgos o labradores acaudalados que constituían una verdadera oligarquía local. Los Godoy, Lazcano, Estremera, etc. figuraban entre los más pudientes de la villa y su término, al tiempo que ocupaban desde muchos años atrás (y lo harán hasta bien entrado el XIX) el gobierno municipal acaparando sus principales oficios (alcaldes, regidores, jurados, etc.)

 El caso de D. Rodrigo de Godoy puede resultar paradigmático. Además de importantes bienes rurales poseía un extenso rebaño de ovejas (1.200) y vacas (150) más dos rebaños de ganado mular. Los beneficios derivados exclusivamente de su actividad ganadera le deparaban unos ingresos de casi 70.000 rs. El capítulo de ricos propietarios forasteros lo encabeza el conde de Garcíez, señor de Santo Tomé y residente en Baeza, dueño de más de 1.200 fanegas de excelentes tierras en la vega del Guadalquivir. Los llamados gente del común constituían el grupo más numeroso de la población. Poco más de un 27 % de los laicos eran propietarios de tierras, correspondiendo casi un 23 % a la gente del común y el resto (menos de un 4 %) a los más pudientes, lo que indica que las mayores propiedades estaban en manos del un reducido grupo de privilegiados que, en el Catastro, suelen figurar como Don o Doña. Del total de la población laica, un 50 % correspondía a jornaleros (que solo podían aspirar a trabajar menos de un tercio de días al año, con un jornal de dos o tres reales por día) y a pequeños propietarios, dueños o arrendadores de parcelas, o ambas cosas a la vez. Ellos y sus hijos proporcionaban la mano de obra para las tareas agrícolas, ganaderas o domésticas. Si exceptuamos el grupo de población relacionada más o menos directamente con las actividades artesanas (alrededor del 18 %), el resto lo constituía el estrato más indigente (gentes sin medio alguno y sin empleo, viejos, viudas etc.) dependientes de la caridad y con unas condiciones de vida más que deplorables. Señalemos finalmente el alto porcentaje de eclesiásticos (alrededor de un 3%; que supera la media nacional estimada en un 1,5 %), tanto regulares como seculares y personal a su servicio o relacionadas con ellos, instalados en la villa, lo que se explica por su carácter de cabecera eclesiástica. Los rebaños de ovejas destinados a producir lana para la exportación, así como la explotación de los pastos de la Sierra y de su potencial forestal constituyeron, la principal fuente de riqueza durante la Baja Edad Media y la Moderna. Desde mediados del siglo XVIII el núcleo forestal de las Sierras de segura y Cazorla se incorporaron a la jurisdicción de Provincia Marítima, abasteciendo de madera –-trasportada por los ríos Segura y Guadalquivir respectivamente-- a los astilleros Cartagena (Murcia) y La Carraca (Cádiz). La legislación que reguló desde entonces y hasta el primer tercio del siglo XIX el uso y explotación de la Sierra puso fin a los tradicionales usos derivados de las Ordenanzas municipales del siglo XVI en las que los correspondientes Concejos de los pueblos tenían un papel preponderante.

 Como una buena parte de las tierras afectadas por las Ordenanzas de la Marina correspondían a los llamados bienes comunales, tanto la explotación maderera como la ganadería se vieron especialmente afectadas por el rigor de aquellas, lo que dio lugar a no pocos enfrentamientos entre la Marina y las villas afectadas. Tampoco era muy boyante el estado de los Propios del concejo, como veremos más adelante, pues si bien no carecía de tales bienes (tanto rústicos como urbanos) a mediados del siglo XVIII estaban muy gravados por censos, por lo que su producto resultaba de muy escasa entidad. No menos importancia tuvo la agricultura, basada en el cultivo de cereales (trigo, cebada y escaña), completada con algunos viñedos y olivares, aunque muy lejos éstos de ocupar la extensión que hoy alcanzan en la comarca. Especial relieve tuvo también la producción de seda, cuyo cultivo e industria estuvo muy arraigado en la zona. La horticultura (frutas y hortalizas) amparada en las zonas de regadío, suponía, aunque solo fuera para el propio abastecimiento, otro de los medios de vida de Cazorla y la comarca. La artesanía y manufacturas tenían poca relevancia y un carácter muy local, dirigiéndose fundamentalmente a cubrir las necesidades de la villa y sus aldeas.


 LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA : SIGLOS XVI-XVIII

Como capital del Adelantamiento, y por tanto centro administrativo, Cazorla fue desde los orígenes del señorío su villa más poblada. Conoció su apogeo demográfico en la segunda mitad del siglo XVI, en cuya última década hubo de sumar,según algún autor, casi los 10.000 habitantes. Aquel nivel de población del XVI no volvería a conseguirlo hasta el siglo XX. Los cálculos resultantes para a lo largo de la Edad Moderna pueden quedar resumidos como sigue: El regalismo religioso de los Borbones le llevó a tomar, entre otras medidas la expulsión de los Jesuitas. En la primavera de 1767 se decretó y llevó a cabo con inusitada rapidez su traslado fuera de España. La medida alcanzó, como es de suponer al Colegio de Cazorla, tras casi dos siglos (178 años) de ejercicio en la villa, cuya enseñanza quedaría negativamente afectada por bastante tiempo.El estudio de Gramática (a modo de enseñanza secundaria) y la escuela de primeras letras quedaron a cargo de SM., según los términos de la época, aunque en realidad dependían directamente del cabildo que, a comienzos del XIX, reconoce la paupérrima situación de la enseñanza desde la marcha de los padres de la Compañía.

 Posteriormente los Carmelitas procedentes de La Peñuela (Sierra Morena) ocuparían sus dependencias. En esa misma fecha se produjo, por orden del Consejo de Castilla, la extinción de los ermitaños del Santuario de Nuestra Señora de Montesión, extramuros de la villa.

EL GOBIERNO MUNICIPAL. SIGLOS XIII-XVIII.

Por debajo de los arzobispos y sus delegados, los adelantados o gobernadores, quedaba el gobierno municipal de las villas, es decir, el que más directamente afectaba a los vecinos. Veamos quienes lo detentaban y como evolucionó desde la formación del señorío hasta en el siglo XIII hasta la implantación del régimen liberal en el XIX.

 Dedicaremos también unas notas al caótico estado en que se encontraba la hacienda municipal en esos siglos.

 El legado bajomedieval.

 Tras su conquista a los musulmanes en siglo XIII, la mayoría de las villas del Alto Guadalquivir se repoblaron según el Fuero de Cuenca (aunque las grandes ciudades andaluzas se regularon de forma diferente). Este marco legal reconocía, entre otras prerrogativas, una amplia autonomía de los concejos, integrados en el modelo conocido como concejos abiertos, y establecía la renovación anual de todos los cargos concejiles entre los vecinos que mantuviesen caballos y armas (recordemos la situación fronteriza del territorio). Así, frente a la potestad arzobispal, el fuero local permitió durante la Baja Edad Media un amplio margen de autonomía en el gobierno municipal, especialmente por lo que a la elección y número de los oficios municipales se refiere, si bien con el requisito o limitación de que al inicio de cada pontificado obtenían del nuevo prelado la confirmación de su fuero y privilegios sobre los que se basaba el gobierno municipal. Por tanto, los arzobispos no solían nombrar a los titulares de estos oficios que eran sorteados anualmente entre los vecinos que mantuviesen caballos y armas. Las afirmaciones anteriores no excluyen el hecho de que los arzobispos se preocupasen de controlar muy de cerca los gobiernos municipales: las circunstancias de las villas de señorío quedaban lejos de las presentadas por las villas de realengo antes de la reforma de Alfonso XI (1312-1350). Incluso tras la creación por éste del regidor, en el Adelantamiento no se introduce este oficio hasta finales del siglo (1396). Desde el siglo XV arzobispos y adelantados se procuraron incrementar su control sobre el municipio en cuantas ocasiones le fue posible. De hecho, el primer paso hacia la limitación de la autonomía municipal lo inició precisamente la Dignidad arzobispal, mediante diversas maniobras: unas veces asumiendo el derecho a designar a los titulares de ciertos oficios (tal el caso de los jurados y escribanos del cabildo); otras intentado (aunque finalmente no lo lograsen) que las regidurías fuesen perpetuas, con la idea de que recayesen en personas de su confianza; y, en fin, desde el primer tercio del siglo XV, estableciendo la norma de que cada año los oficiales entrantes fuesen confirmados en sus cargos desde Toledo, procedimiento seguido hasta el final del señorío.

 A modo de ejemplo consignemos el caso concreto de la composición y sistema de nombramientos del concejo de Cazorla en el primer tercio del siglo XVI. El año 1530 este concejo, elegido por los pecheros de la villa, constaba de los siguientes oficios: el personero, elegido entre los caballeros cuantiosos por el conjunto de la población; y los siguientes restantes, sorteados entre los caballeros cuantiosos: dos alcaldes ordinarios, un alguacil, cuatro regidores, dos caballeros de la sierra, dos almotacenes, un alcalde de aguas y un mayordomo. El escribano, que dio fe de la elección, y el gobernador y el alcalde mayor que la presidieron habían sido designados por el arzobispo, así como los jurados, que no entraron en la elección por el mismo motivo. Precisamente, a través de este último oficio de provisión arzobispal la Mitra tendrá un apoyo importante en las villas del señorío. Si a ello añadimos la presencia e influencia de los oficiales designados por aquélla, apuntados en el apartado anterior, podremos formarnos una imagen del poder señorial en el Adelantamiento y sus villas. A lo largo del XVI y hasta que los Camarasa alcanzan la titularidad del señorío, la intromisión arzobispal en la vida concejil se hará cada vez más activa. Para entonces los arzobispos ya habían conseguido arrinconar el fuero originario, estableciendo así un estrecho control sobre el gobierno local. Este incremento del poder señorial en el gobierno de las villas de su jurisdicción y, en concreto en la de Cazorla, está relacionado, además, con la aparición y el auge en la sociedad cazorleña de los hidalgos, apoyados por lo general por los arzobispos y adelantados, por lo que la evolución del gobierno municipal en la primera mitad de la centuria tendrá, además, un componente social, conectado a su vez con la evolución de los acontecimientos desarrollados en la Península desde finales del siglo XV y el papel geopolítico del territorio. Esto nos lleva a referirnos a una clase social, con protagonismos en la zona de frontera durante toda la Baja Edad Media, los caballeros cuantiosos y su enfrentamiento con los hidalgos por el gobierno del municipio.

 Caballeros cuantiosos e hidalgos.

Durante toda la Baja Edad Media, e incluso durante buena parte del siglo XVI, la normativa arzobispal disponía que los oficios concejiles serían sorteados entre los vecinos que mantuviesen caballos y armas y pechasen, es decir entre los llamados caballeros cuantiosos. Se trataba de una prerrogativa que los arzobispos concedían a estos vasallos de frontera como contrapartida a la exigencia del estricto cumplimiento de sus obligaciones militares y contribución económica: primero a lo largo de los periodos de lucha contra los reinos musulmanes y, una vez concluida la conquista de Granada, mediante la participación de las milicias del Adelantamiento en diversas expediciones y revueltas durante el pontificado de Cisneros (1495-1517).

 Por el contrario, el status social de los hidalgos les permitía quedar dispensados de las onerosas obligaciones de los cuantiosos: además de otros privilegios básicos, como era el de no pagar tributos, no tenían la obligación de mantener caballos y armas ni de pasar alardes y podían eludir su concurso en los llamamientos que con finalidad militar realizasen los arzobispos, sus adelantados o el concejo (solo les obligaba el llamamiento real). Todo ello les colocaba en una cómoda situación frente a los pecheros. Por otra parte, los hidalgos apoyarán claramente a los arzobispos y, sobre todo, a los adelantados, recibiendo recíproco trato de éstos. Así, desde su aparición y presencia continuada en el Adelantamiento en el último cuarto del siglo XV, los oficios de designación directa recaerán sobre unas cuantas familias hidalgas. En realidad, desde la instalación de los hidalgos el acceso de los pecheros a los oficios municipales se había desvirtuado, incumpliéndose con frecuencia: algunos de estos oficios como las regidurías y el alguacilazgo se sorteaban entre los vecinos con armas y caballos, independientemente de que fuesen hidalgos; además, los hidalgos se habían convertido en los principales beneficiados por aquellos otros oficios de designación arzobispal. En este contexto, sociopolítico, conscientes los caballeros cuantiosos (también conocidos como de premia) de su retroceso como clase social y del deterioro de los privilegios que compensaban sus sacrificios, reclaman y consiguen (hacia 1530) la exclusión de los hidalgos en las suertes para la elección de los oficios municipales. Éstos recurren judicialmente la decisión y consiguen, tras el correspondiente pleito y sentencia definitiva de la Chancillería de Granada (dada el 11 de septiembre de 1546), “que los oficios se repartieran equitativamente entre caballeros cuantiosos e hidalgos”.

El resultado final, por tanto, desembocó en un régimen mixto en cuanto a la potestad de elección y a la procedencia social de los electos se refiere: por una parte, algunos de los oficios concejiles los nombraban los arzobispos, en tanto que los vecinos elegían el resto; por otra, se establece que la mitad de los oficios deberán recaer entre los cuantiosos y la otra entre los hidalgos. Este criterio mixto para la participación en las suertes de acceso a los oficios municipales (50 % para los hidalgos o estado noble y otro tanto para el estado general) perdurará hasta la extinción del señorío.

El ínterin de los Camarasa y la recuperación del señorío.

El tramo temporal que transcurre entre 1534 y 1606 corresponde, lo hemos indicado más arriba, al gobierno de los Camarasa en al Adelantamiento. Aunque a través de la documentación del largo pleito disputado por su titularidad entre la Mitra y los Marqueses (1545-1606) y de otros muchos posteriores conocemos algunos aspectos del señorío durante estos setenta y dos años, la historia del periodo está aún por hacerse.

Podemos extraer, al menos, información indirecta de algunos aspectos del periodo en cuestión y deducir los cambios que sufriera el régimen municipal de Cazorla a lo largo del mismo por los numerosos pleitos que sobre este asunto siguieron a la definitiva toma de posesión de los arzobispos en 1606. De ellos se deduce, además, que es la Corona la que fija ahora sus ojos en el Adelantamiento y en sus oficios municipales. La explicación de este interés habría que buscarla en varias razones, alguna de las cuales se deriva de la problemática general de la Monarquía española por esos años. En primer lugar no ha de resultarnos extraño que los Camarasa, durante su mandato, se mostrasen laxos en este sentido frente a la Corona, a la que a la postre debían la titularidad del señorío. A este periodo, le siguieron, prácticamente sin solución de continuidad, los años en que el Duque de Lerma detentó el título de adelantado (1608-1612) durante los cuales el Adelantamiento padeció un breve pero crítico periodo abundante en enfrentamientos intestinos y desconcierto en el gobierno de sus villas. Concurre, en fin, la circunstancia de que esos años críticos para el señorío tiene lugar en un momento de acuciantes agobios para la Hacienda, por lo que Felipe IV recurre a la venta de jurisdicciones a gran escala para paliar el estado caótico del Tesoro. En 1630 se suprimían las jurisdicciones señoriales para proceder seguidamente la Corona a su venta. El estado de confusión y desconcierto que reinada por esos años en el Adelantamiento sobre este asunto lo resume una sentencia de vista sobre la provisión de oficios, fechada en Madrid en octubre de 1631 (siendo, por tanto, cardenal arzobispo de Toledo el Infante don Fernando) fallaba y declaraba:

“pertenecer a su Majestad los oficios los oficios sobre que ha sido este pleyto, de las villas de Vaçorla, Villanueva del Arzobispo, Iznatorafe, Villa Carrillo y Iruela, que son del Adelantamiento de Caçorla, y poder disponer de ellos a su voluntad, excepto los dos oficios de Jurados y Escribano del Cabildo de la dicha villa de Caçorla y los dos oficios de Jurados y escribano en la villa de Iznatorafe (…) [que] pertenecen a la dignidad arzobispal de Toledo”.

En la misma sentencia se establece poco más adelante que las dos Escribanías de Villanueva del Arzobispo pertenecen al concejo de la villa. Aunque fue apelada por el cardenal, dilatando así el pleito cuya resolución final desconocemos, su enunciado es suficiente para alumbrar que el panorama ofrecido dista mucho del que dejamos esbozado hacia comienzos del XVI, cuando la Dignidad episcopal y sus adelantados controlaban el gobierno de las villas del señorío hasta forzar el límite de los fueros locales, cercenando a veces arraigadas prerrogativas seculares.

La jurisdicción de tolerancia.

La diversidad de jurisdicciones y los problemas suscitados por ella, ya se ha visto, desembocaron en la decisión arzobispal de adquirir la JURISDICCIÓN DE TOLERANCIA.

Así, tras prolongados preparativos, entre los que destaca la elaboración de un minucioso e interesantísimo censo de la población del territorio, el cardenal Aragón (1666-1677) llegó a un acuerdo con la Corona para comprarla en 1673 (momento en que la Hacienda estatal, como otras tantas veces, se encontraba económicamente muy necesitada). Los arzobispos obtenían de esta forma el derecho a nombrar prácticamente todos los oficios de justicia y gobierno en el señorío. Poco después, el propio cardenal Aragón dictaba unas nuevas Ordenanzas para las villas del Adelantamiento que sustituían a la bajomedievales, emanadas del Fuero de Cuenca (y presumiblemente de mayor autonomía para el concejo). Siguiendo el dictado de los tiempos, la Iglesia también imponía así su poder absoluto sobre el Adelantamiento, pues desde entonces los arzobispos se hacen definitivamente con el control municipal que ejercerán a través de los miembros de la oligarquía municipal, especialmente hidalgos y labradores acaudalados, principales beneficiarios de la titularidad de esos oficios.

 La OLIGARQUÍA MUNICIPAL del xviii e inicios del xix.

A partir de la Jurisdicción de Tolerancia el control del gobierno municipal recaerá ciertas familias o grupúsculos de notables locales cuyos apellidos aparecen reiteradamente entre los puestos rectores del municipio, circunstancia ésta que puede rastrearse documentalmente desde mediados del siglo XVIII, si es que no desde antes, como parece ocurrir en el caso de los hidalgos y puede deducirse de la fecha de los pleitos de probanza de hidalguía de la Cancillería de Granada, de modo que podemos hablar de una auténtica oligarquía local con un alto grado de endogamia que regirá la villa (luego ciudad) hasta bien entrado el siglo XIX. Veamos algunos de ellos a modo de ejemplo.

En 1751 ocupan empleos destacados de la administración y gobierno municipal un Lazcano, hidalgo, es alcalde ordinario por su estado, es decir, noble; un Estremera (D. Manuel), miembro de una familia cuya presencia e influencia en la villa está constatada desde siglos atrás, lo es igualmente por el estado general; un Angulo (D. Antonio) es regidor noble, en tanto que dos miembros de la familia Tejerina aparecen respectivamente como regidor por el estado general (D. Juan) y como Síndico General (D. Diego), este último probablemente sea el mismo D. Diego Tejerina que aparece en otro lugar del Catastro como Escribano de Rentas Reales, Millones y Número. En el cabildo nombrado por el arzobispo para el año 1800, un Godoy (D. Rodrigo) es el alcalde ordinario noble, sin perjuicio de desempeñar el cargo de Mayordomo del arzobispo (1807); otro Godoy (D. Manuel) es regidor 2º noble, oficio que desempeñará nuevamente en 1807, según la provisión arzobispal de nombramientos para ese año; es más, algún tiempo después, lo conoceremos también como titular de la administración del Noveno y Excusado. D. Manuel Lazcano desempeñará ese año el empleo de regidor 1º noble. Un tal Francisco Fernández de Angulo1 aparece también como regidor o jurado noble, en tanto que un Tejerina (Antonio) ha sido nombrado Procurador Síndico General (recordemos que ya lo era un Tejerina en 1751).

Ese mismo año, D. Fernando Lazcano será nombrado Teniente de Corregidor por el corregidor entrante y D. Pedro Lazcano Perito comisionado para el recuento de ganados del vecindario en orden a arreglar el repartimiento del sobrante de Pastor de la sierra. En las propuestas para 1800 para 1801 (cuya confirmación documental por el arzobispo desconocemos) aparecen nominados con mayor número de votos tres miembros de la familia Godoy (alcalde ordinario, regidor 1º y regidor 2º), dos de la Lazcano (jurado noble y fiel de la romana) y dos de apellido Almansa (alcalde ordinario y regidor, ambos por el estado general) otra de las familias de viejo arraigo local. Un miembro de otra de las familias hidalgas que se fueron asentando en la zona a partir del siglo XVI, D. Andrés de Ximena, sería el alcalde ordinario noble para 1807, y un Barrutia (D. Francisco), también descendiente de hidalgos instalados tiempo atrás en la villa, Alcalde de la Santa Hermandad para ese mismo año: los antepasados de uno y otro se rastrean en el Catastro de 1751 desempeñando oficios de relevancia municipal. Por lo que respecta al segundo, otro Barrutia se verá inmerso en la lucha por el poder durante la ocupación francesa y perderá la vida a manos de algunos patriotas. D. Josef Benito Estremera aparece como Alguacil mayor del Adelantamiento (dimisionario) en 1807. En definitiva, un puñado de familias (fundamentalmente hidalgos y labradores ricos) controlan más o menos directamente los puestos rectores de la vida municipal en el tramo final del Antiguo Régimen y, probablemente, lo vinieran haciendo desde mucho tiempo atrás1. En ciertos casos algunos miembros de esas familias (especialmente de las hidalgas) representan los intereses arzobispales seculares en la villa y su término. Así, dos miembros de los Godoy (p.e. D. Antonio y su hijo D. Rodrigo) figuran ya en la segunda mitad del siglo XVIII como mayordomos y/o administradores de granos del arzobispado en Cazorla, además de ocuparse también de la administración del Noveno.

 LA HACIENDA MUNICIPAL EN LOS SIGLOS Xvii y xVIII.

Como otras villas de sus características, los recursos municipales procedían sobre todo de los bienes de propios y los comunales. El origen de los primeros se remontaba a la formación del señorío y provenían por lo general de donaciones de los arzobispos. Sin embargo, éstos no acostumbraban a entregarlos a perpetuidad a los concejos, sino de manera temporal, reintegrándose a la Mesa arzobispal cuando transcurrían algunos años. “De manera que los concejos del señorío siempre estuvieron mal dotados de bienes de propios”, según GARCÍA GUZMÁN. Los que podríamos considerar bienes comunales (tierras sin cultivar, dehesas, ciertos cortijos…), constituían igualmente posesiones privativas de los arzobispos que las cedían también temporalmente a los concejos o a los vecinos para su explotación. Tal era la condición de la Sierra, cuyas dehesas y cortijos se repartían entre la Mitra y la Corona. Esta situación determina, de una parte, que estos Montes cedidos a la villa por los arzobispos, puedan considerarse según los casos como propios o comunes; y de otra, que, con el paso del tiempo, disminuyese la extensión de las tierras arzobispales, (especialmente en los siglos XVI y XVII), a la vez que los vecinos incrementaban las suyas, pese a la reiterada presencia de visitadores arzobispales, apeos y amenazas de excomunión. Los productos de estos bienes proporcionaban los ingresos para cubrir el coste los servicios municipales. Si no llegaran a cubrirlos, el municipio había de recurrir a los impuestos municipales. indirectos: los arbitrios. El poder Central tenía que autorizar el cobro de tales arbitrios y lo hacía siempre con carácter extraordinario, aunque normalmente se perpetuasen1. Los Propios de la villa se encontraban desde siglos atrás en una condición paupérrima, consecuencia de los censos con que se habían ido cargando. Esta situación explica la precariedad de los ingresos obtenidos por este concepto y justifica las continuas alegaciones que todavía en los inicios del siglo XIX presenta el cabildo ante la Intendencia de Jaén durante la Guerra de la Independencia insistiendo en la exigüidad de estos fondos. El Catastro describe con precisión y claridad la precaria situación en que se encontraban estos Propios a mediados del XVIII: pese disponer de una riqueza agropecuaria nada despreciable, además de algunas huertas e inmuebles, los frutos extraídos de estos bienes se reducían a 1.500 reales anuales entregados por el Colegio de San Felipe Neri (de Baeza) para obligaciones y gastos en la fiesta de Corpus y de la de Purificación, además del salario de porteros y el importe de la conducción de la Santa Bula. Aun admitiendo que las estimaciones del Catastro, dada su naturaleza fiscal, se hicieran a la baja, no cabe duda de que el panorama reflejado por este capítulo resultaba poco menos que ruinoso. Comparemos en los cuadros que siguen los bienes del municipio en los siglos XVII y XVIII y veamos después lo que nos dice el Catastro (1751) del estado en que se encontraban estos como consecuencias de los censos o cargas con que estaban gravados.

Una Visión de Cazorla hacia finales del siglo XVIII

El último de los arzobispos toledanos del siglo XVIII fue Francisco Antonio de Lorenzana (1772-1800). En 1786 realizó un larguísimo periplo que le llevó hasta el norte de África. A su vuelta llevó a cabo una dilatada visita pastoral por tierras andaluzas (el Adelantamiento de Cazorla y Huéscar) y castellanas (Almagro y Ciudad Real). Poco antes de esa fecha había ordenado a los curas-párrocos de los pueblos de la diócesis la descripción (ajustándose a un cuestionario previo remitido desde Toledo) de todos los lugares del Arzobispado. Las contestaciones de los párrocos del Adelantamiento, (elaboradas hacia 1785) proporcionan jugosas noticias sobre las villas de la Vicaría y su historia, así como sobre el modo de vida de sus vecinos. Cuentan, además con el interesante valor añadido de mostrar, la percepción que existía en ese momento entre sus habitantes de la evolución y estado actual de las diferentes villas, lo que nos proporciona una visión vívida del momento. He aquí lo que nos dice sobre Cazorla.
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